Los derechos reproductivos son fundamentales para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. De acuerdo con Human Rights Watch, se refieren a la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas y libres sobre su vida reproductiva, incluyendo el número de hijos que desean tener y el espaciamiento entre los nacimientos. Estos derechos abarcan servicios esenciales como atención prenatal, parto seguro, acceso a métodos anticonceptivos y aborto legal y seguro, entre otros.
Estos derechos también incluyen a las infancias, juventudes y se aplican de manera general a cualquier individuo sin importar sexo biológico, género o identidad. Y abarcan la posibilidad disfrutar de una sexualidad plena, libre de coerción, discriminación y violencia. Lo que es esencial para la autonomía y dignidad de las personas. Estos están interrelacionados con otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, a la vida y a la libertad.
NOSOTRAS te compartimos información sobre qué son, cómo deben garantizarse y 7 datos acerca del panorama global sobre los derechos reproductivos y sexuales.
¿Qué son los derechos reproductivos?
De acuerdo con el Consejo de Montevideo sobre Población y Desarrollo, los derechos sexuales y reproductivos, abarcan “el acceso a la sexualidad plena en condiciones seguras, libertad de decisión, informada, voluntaria y responsable. El respeto hacia la orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia. Y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para la salud sexual y reproductiva”.
Además, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, “también incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de acuerdo con lo establecido en los documentos de derechos humanos”.
La capacidad de decidir cómo ejercer nuestra sexualidad, incluyendo nuestra orientación sexual e identidad de género, así como aspectos de nuestra salud reproductiva, relaciones personales, la estructura de nuestra familia, es fundamental para nuestra autonomía y dignidad.
¿Cómo los Estados pueden garantizar estos derechos?
Para que estos derechos sean efectivos, de acuerdo con la Conferencia Internacional sobre Salud Reproductiva, los Estados tienen la obligación de garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de alta calidad. Esto implica que los servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva deben ser:
- Disponibles en cantidades adecuadas y distribuidas equitativamente entre la población.
- Accesibles tanto geográficamente como económica y socialmente, eliminando barreras que impidan el acceso.
- Culturalmente apropiados y proporcionados sin discriminación, respetando los derechos humanos, la dignidad y la privacidad de las personas.
- De buena calidad, garantizando que los servicios sean seguros y efectivos.
Sin embargo, en todo el mundo, millones de personas, en particular aquellas pertenecientes a comunidades marginadas y estigmatizadas o que viven en condiciones de pobreza, se ven imposibilitadas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos. Esto sucede porque los gobiernos intentan dictar cómo las personas establecen relaciones íntimas, expresan su deseo y deciden sobre la maternidad. A menudo, esto afecta de manera más aguda a las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+.
7 cosas que debes saber sobre los derechos reproductivos
A continuación, te compartimos siete datos sobre el panorama actual de los derechos reproductivos y sexuales, de acuerdo con información de Amnistía Internacional, movimiento global que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos.
1. Sobre el embarazo
En países como El Salvador, Noruega, Rusia, Ucrania y los Estados Unidos, las mujeres embarazadas son objeto de políticas y prácticas punitivas basadas en su comportamiento real o percibido. En EE. UU., las leyes de “agresión fetal” permiten que los fetos sean considerados “víctimas” de violencia, llevando a procesar a mujeres que sufren abortos espontáneos o son sospechosas de dañar a su feto.
Además, se ha incorporado a los óvulos fertilizados como posibles sujetos de derecho en los códigos penales estatales, para ampliar el alcance de estas leyes. Esta regulación punitiva viola los derechos humanos de las mujeres, incluida su autonomía corporal y el respeto hacia su capacidad de agencia.
2. Sobre la criminalización de la sexualidad y la reproducción
Cuando los gobiernos imponen leyes que controlan las decisiones personales sobre la sexualidad y la reproducción, se considera un acto de criminalización en materia de derechos. Esto incluye la prohibición penal del aborto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o la conducta sexual entre personas del mismo sexo.
Estas políticas afectan desproporcionadamente a comunidades marginadas. Por ejemplo, en África, algunos gobiernos han aprobado leyes que castigan las relaciones homosexuales con penas que violan los derechos humanos. Por otra parte, en gran parte del continente americano, las mujeres embarazadas, los profesionales de la salud y otras personas que ayudan a realizar abortos pueden enfrentar severas consecuencias legales.
3. Sobre las relaciones sexuales fuera del matrimonio
En países como Camerún, Irán, Jordania, Marruecos, Filipinas, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, partes de los Estados Unidos y Taiwán, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio puede considerarse un delito y conllevar penas severas. En Jordania, las mujeres acusadas de salir de casa sin permiso o de tener relaciones fuera del matrimonio enfrentan la posibilidad de ser sometidas a “pruebas de virginidad”, violando su dignidad y derechos humanos, muchas veces de formas tortuosas. Además, las mujeres embarazadas fuera del matrimonio también se enfrentan a la separación forzosa de sus hijos recién nacidos.
4. Sobre la comunidad LGBTIQ+
Según la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), en aproximadamente 60 países, los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo son ilegales. En Hungría, una ley anti-LGBTIQ+ prohíbe la educación y representación de conductas homosexuales ante los niños. Por otra parte, en China, las personas enfrentan barreras significativas para acceder a tratamientos de afirmación de género y atención médica relacionada, limitando sus derechos y bienestar.
5. Sobre el trabajo sexual
Muchos países prohíben el trabajo sexual mediante leyes que penalizan el intercambio de sexo por dinero o bienes. Esto se traduce en la criminalización de las trabajadoras sexuales, que a menudo son vistas como criminales o como víctimas sin ninguna capacidad de agencia sobre sus cuerpos. Por otro lado, países como Nueva Zelanda, los Países Bajos, Dinamarca y partes de Australia han despenalizado o regulado el trabajo sexual, reconociendo la autonomía y dignidad de quienes eligen esta forma de trabajo.
6. Sobre la criminalización de las personas que viven con VIH
La criminalización del VIH implica el uso injusto de la legislación penal contra personas que viven con el virus, basándose únicamente en su estado serológico. Esto implica la aplicación de leyes penales para juzgar a personas que viven con el VIH por la transmisión involuntaria del virus, la exposición percibida o potencial al VIH, y/o por no revelar su estado serológico.
Según ONUSIDA, 92 países han legislado contra la no revelación del estado serológico, lo que tiende a afectar desproporcionadamente a poblaciones marginadas. Esta criminalización socava tanto los derechos humanos como los esfuerzos de salud pública para prevenir nuevas infecciones.
7. Sobre la justicia reproductiva
La justicia reproductiva es un concepto que aborda la intersección entre los derechos reproductivos y otras formas de opresión, como la raza, clase y estatus migratorio. Loretta J. Ross, académica feminista y activista, señala que “la justicia reproductiva aborda cuestiones de control demográfico, autodeterminación corporal, derechos de los inmigrantes, justicia económica y ambiental. Además de la soberanía y militarismo e injusticias criminales que limitan los derechos humanos individuales debido a opresiones grupales o comunitarias”. Este enfoque reconoce que la salud reproductiva está profundamente entrelazada con la justicia social.
El acceso a los derechos reproductivos es vital para la salud y el bienestar de cualquier individuo, en especial, de las mujeres y comunidades marginadas en todo el mundo. La lucha por estos derechos sigue siendo un aspecto crucial de la justicia social y los derechos humanos. Misma que aún enfrenta retos significativos en el contexto actual derivados del autoritarismo y la desigualdad global. La promoción y defensa de estos derechos son esenciales para garantizar que todas las personas puedan tomar decisiones informadas y libres sobre sus cuerpos y vidas.
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