De acuerdo con información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta mayo de 2022 el 29% de las mujeres con hijas e hijos en México son madres solteras, ya sea por situación de viudez, divorcio o porque así fue como eligieron ejercer su maternidad. Esto representa gran impacto económico, pues son ellas quienes se hacen cargo casi en su totalidad de los cuidados y gastos de manutención.
En casos de divorcio o separación, suele establecerse un régimen que considera tanto al padre como a la madre como responsables de que las y los menores gocen de una buena calidad de vida económica y personalmente. Estos acuerdos idealmente deben estar respaldados por la autoridad, para que sea quien vigile el correcto cumplimiento, evitando en medida de lo posible el surgimiento de los llamados “deudores alimentarios“.
A propósito de este término, recientemente se aprobó la creación del registro de deudores alimentarios morosos. De esto va la iniciativa y así se prevé su funcionamiento.
Senado aprueba la creación del registro de deudores alimentarios a nivel nacional
El 22 de marzo el Pleno del Senado aprobó el dictamen para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de garantizar el cumplimiento puntual de la pensión alimenticia en todo el país.
La propuesta del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias fue avalada de manera unánime con 66 votos y fue enviada al Poder Ejecutivo Federal, según el portal de Comunicación Social del Senado de la República.
El propósito principal es que se cree una base de datos que resguarde información de los denominados deudores alimentarios, es decir, de aquellos padres que hayan incumplido en el pago de pensión alimenticia, deslindándose de las obligaciones generadas para con sus hijos e hijas.
Al respecto, Olga Sánchez Cordero, quien preside la Comisión de Justicia, dijo que este dictamen responde a la obligación del Estado para garantizar que las necesidades económicas y alimentarias de las niñas, niños y adolescentes de México se cubran en su totalidad, informó el Senado.
La Revista de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla describe al Registro de Deudores Alimentarios Morosos como un mecanismo legal que procura el cumplimiento del pago de la pensión obligatoria de los padres hacia sus hijos e hijas. Con la entrada en vigor de este concepto, quedará en entendido que su incumplimiento podría desencadenar en la inclusión al registro, estando expuesto a las consecuencias legales que generará.
Cómo funcionará este registro
En las bases de la inciciativa se estipula que las autoridades tendrán la facultad de requerir un certificado de “no inscripción” en el registro de deudores alimentarios toda vez que pretendan realizar trámites para solicitar licencias, pasaportes y documentos de identidad para viajar, aplicándose medidas de restricción migratoria para evitar que abandonen el país ante la sospecha de que este sea un modo de evasión.
Asimismo será necesario para contender y asumir cargos locales y federales, compraventa de inmuebles o traspaso de derechos de propiedad, menciona el comunicado del Senado de la República.
En una clausula más se expresa que las personas que deseen contraer matrimonio también deberán solicitar el certificado, en el cual se avale que no existen deudas de pensión alimenticia. Cuando una de las dos personas que desee casarse esté registrado como deudor, personal del Registro Civil podrá hacersélo saber a los contrayentes.
Las reformas a este registro que se analizó por primera vez en 2011 según la BUAP, establecen que será público, añadiendo los puntos que impiden a los deudores alimentarios realizar los trámites antes mencionados. A diferencia de la actualidad, que únicamente las personas y autoridades involcuradas podían solicitar los certificados en el Servicio de Registro Civil e Identificación, proporcionados por los Tribunales Familiares.
Resta que sean establecidos los parámetros para que los padres que adeuden pensiones alimenticias conformen el listado, así como el tiempo límite para que cumplan sus obligaciones sin consecuecias legales.
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